La central térmica de Tajuña tiene ya en contra un recurso de la Comunidad de Madrid y otro de Ecologistas en Acción

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la central térmica de Morata de Tajuña, que está declarada de utilidad pública por acuerdo del Consejo de Ministros, se enfrenta ya a dos recursos, uno de ellos formulado por la Comunidad de Madrid y el otro, aún por formalizar, de Ecologistas en Acción.

Concretamente, el Gobierno autonómico, presidido por Esperanza Aguirre, interpuso ante el Tribunal Supremo el pasado 1 de agosto un recurso contencioso-administrativo dirigido a paralizar la construcción de la instalación.

El Ejecutivo regional entiende que el Gobierno de la Nación "forzó" la declaración de utilidad pública sin contar aún con la Autorización Ambiental Integrada a otorgar por la Comunidad de Madrid, documento que permite establecer las condiciones ambientales exigibles para la construcción y explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, especifica los valores límite de emisión de sustancias contaminantes que podrá generar la central.

Otra objeción de la Comunidad de Madrid es que el proyecto afecta a una zona del territorio madrileño que cuenta ya con la presencia de una importante industria cementera, por lo que "existe el riesgo de que la suma de la emisiones contaminantes actualmente generadas por la actividad existente y las producidas con la entrada en funcionamiento de la nueva central, pongan en peligro el equilibrio medioambiental de la zona y la salud de los habitantes de los municipios afectados".

IMPACTO AMBIENTAL Y CONFLICTO DE INTERESES

Según estimaciones del Ejecutivo autonómico, la instalación de la central producirá un importante impacto en la zona, ya que emitirá, tomando como referencia un régimen de funcionamiento de 6.000 horas al año, más 2,5 millones de toneladas de CO2 y cantidades significativas de metano, lo que equivale al CO2 emitido por 500.000 vehículos durante todo un año de funcionamiento.

Auguró también "la emisión de más de 8.600 toneladas al año de óxidos de nitrógeno (NOx), lo que incrementaría la contaminación por ozono troposférico, y de más de 50.700 kgal año de dióxido de azufre (SO2), causante de las lluvias ácidas que destruyen bosques y ríos y la emisión de más de 140.000 kilogramos de partículas que contribuirán a la contaminación de la zona".

Otro pero de la Comunidad de Madrid a la central térmica de Morata de Tajuña es que la zona donde está proyectada tiene aún vigentes unos derechos mineros que fueron otorgados por la Comunidad de Madrid en 1984 y que declaran la actividad minera de utilidad pública.

A este respecto, observa un posible "conflicto de intereses" derivado del acuerdo del Consejo de Ministros, pues éste declara de utilidad pública una actividad distinta a la ya existente en la zona, lo que podría llevar a que tanto el promotor energético como el concesionario minero promovieran expedientes expropiatorios sobre dichos terrenos.

"SIN TERRENOS E INNECESARIA", SEGÚN ECOLOGISTAS

Mientras, el recurso de Ecologistas en Acción, anunciado hoy mismo, va contra la declaración de utilidad pública de la central térmica y se basa en que el proyecto "carece de terrenos para su construcción y tendrá un significativo impacto ambiental".

Asimismo, la organización ecologista entiende que esta nueva instalación es "absolutamente innecesaria" porque ya están autorizadas y en funcionamiento "suficientes centrales de gas como para atender la demanda de electricidad prevista hasta 2017".

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